balanza de pagos | autonómicas y acompañantes

Este estudio pretende ofrecer cifras fiables y actualizadas sobre los flujos fiscales interregionales generados por la actividad financiera de la administración central, tomando como referencia territorial las comunidades autónomas.

Identifica la carga que soportan los residentes de cada territorio autonómico (las diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas de España) por la recaudación de los ingresos de la administración central, los beneficios que obtienen esas mismas personas por el gasto de la administración central y, finalmente, el saldo resultante, es decir, la diferencia entre beneficios y aportaciones. Estos resultados para la administración central en su conjunto se complementan con resultados adicionales para dos de sus subconjuntos, la administración central ex. seguridad social contributiva y la seguridad social contributiva, con el fin de facilitar el análisis y la interpretación de los efectos redistributivos interterritoriales.

Estos datos representan un importante avance en nuestra comprensión de la distribución territorial de los ingresos y gastos de la administración central, en este caso la suma del Estado, los organismos de la administración central y el sistema de seguridad social no descentralizado. En primer lugar, incluyen cifras de balanza fiscal para el periodo 1991-2005 (resultados provisionales en el caso de 2004 y 2005), mientras que los estudios anteriores que cubrían todas las comunidades autónomas de España sólo llegaban hasta el año 1996. Por tanto, los resultados de 1997-2005 son una novedad absoluta, mientras que los de 1991-1996 son reestimaciones, ajustando las cifras presentadas en los estudios anteriores. El resultado es una serie homogénea que abarca un periodo de 15 años (cuando las series homogéneas anteriores no superaban los seis años).

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España está formada por 17 comunidades autónomas (CCAA), 50 provincias, 8.131 municipios y dos ciudades autónomas. Es un país muy descentralizado, con una parte importante de las competencias de gasto transferidas a las CCAA.

La Constitución española de 1978 garantiza el derecho de autogobierno a las CCAA y una considerable autonomía financiera. También concede a las provincias y a los municipios autonomía en la gestión de sus respectivos intereses. El Real Decreto Legislativo 2/2004 estableció las bases del sistema de financiación local. Las CCAA se dividen en dos grupos que se rigen por el régimen ordinario y el régimen foral. La seguridad social, sin embargo, es competencia del gobierno central (artículo 41 de la Constitución). Las principales normas fiscales se establecieron en las leyes de estabilidad presupuestaria de 2001 y 2006 y, recientemente, en la histórica reforma de 2012, que incluyó una enmienda a la Constitución, que limita la capacidad de endeudamiento de las CCAA.

En España, la participación del gasto subnacional en el gasto público total fue del 51% en 2018; la de las CCAA ascendió al 36%, y la de las provincias y municipios al 15%. Mientras que la participación de las provincias y los municipios se ha mantenido casi igual desde el año 2000, con un ligero aumento desde la crisis financiera de 2008, la participación de las CCAA ha fluctuado a lo largo de los años desde entonces. Esto se debe a las medidas de austeridad del Gobierno central y al impacto del gasto social. Desde entonces, los gastos de las CCAA son relativamente más importantes.

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En cuanto al enfoque del flujo monetario (FM), también se han realizado estimaciones alternativas de imputación territorial de la recaudación del impuesto de sociedades, que se realiza a partir de la distribución territorial de la remuneración de los asalariados, del valor añadido bruto y de la inversión, en las proporciones del 33,33% para cada variable, y del 50-25-25, respectivamente. Las dos estimaciones resultantes son: Criterios de interpretación de los saldos Según la metodología seguida, se han utilizado dos enfoques generales para la imputación territorial de los ingresos y gastos públicos. Los resultados de ambos enfoques son diferentes y su interpretación debe hacerse también de forma distinta. En cualquier caso, los criterios de imputación utilizados y el balance resultante se refieren específicamente a su objetivo metodológico, sin que puedan trasladarse al debate sobre la financiación autonómica, con el que no están directamente relacionados.

El enfoque de remuneración-beneficioBusca evaluar los efectos que las acciones de las instituciones del sector público central tienen sobre el bienestar de las personas que residen en un determinado territorio. Estos efectos se miden en términos de la variación equivalente del nivel de renta disponible de estas personas. En el caso de los ingresos, se toma como referencia la reducción de la capacidad adquisitiva provocada por la presión fiscal soportada. En el caso de los gastos, el aumento de la capacidad adquisitiva por la recepción de transferencias monetarias y el ahorro derivado del consumo gratuito de servicios públicos. El balance resultante trata de medir los efectos redistributivos de las actuaciones del sector público central en cada territorio,

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Este estudio pretende ofrecer cifras fiables y actualizadas sobre los flujos fiscales interregionales generados por la actividad financiera de la administración central, tomando como referencia territorial las comunidades autónomas.

Identifica la carga que soportan los residentes de cada territorio autonómico (las diecisiete comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de España) por la recaudación de la administración central, los beneficios que obtienen esas mismas personas por el gasto de la administración central y, finalmente, el saldo resultante, es decir, la diferencia entre beneficios y aportaciones. Estos resultados para la administración central en su conjunto se complementan con resultados adicionales para dos de sus subconjuntos, la administración central ex. seguridad social contributiva y la seguridad social contributiva, con el fin de facilitar el análisis y la interpretación de los efectos redistributivos interterritoriales.

Estos datos representan un importante avance en nuestra comprensión de la distribución territorial de los ingresos y gastos de la administración central, en este caso la suma del Estado, los organismos de la administración central y el sistema de seguridad social no descentralizado. En primer lugar, incluyen cifras de balanza fiscal para el periodo 1991-2005 (resultados provisionales en el caso de 2004 y 2005), mientras que los estudios anteriores que cubrían todas las comunidades autónomas de España sólo llegaban hasta el año 1996. Por tanto, los resultados de 1997-2005 son una novedad absoluta, mientras que los de 1991-1996 son reestimaciones, ajustando las cifras presentadas en los estudios anteriores. El resultado es una serie homogénea que abarca un periodo de 15 años (cuando las series homogéneas anteriores no superaban los seis años).