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La prórroga de los ERTEs con el apoyo de empresas y sindicatos está hoy más lejos de producirse que hace una semana. Las negociaciones del Gobierno con los agentes sociales para dar seguridad a miles de empresas que emplean a unos 250.000 trabajadores con empleo suspendido viven desde ayer una especie de bloqueo y ya son los sindicatos y la patronal quienes plantean abiertamente que será difícil llegar a un acuerdo antes del próximo martes. Ese día se celebra el Consejo de Ministros ordinario, que debería aprobar la prórroga con el apoyo del diálogo social. De no ser así, habría margen hasta el jueves 30 de septiembre para una aprobación extraordinaria. Al día siguiente, el 1 de octubre, el esquema actual decae.

«No ha habido ningún avance global por la reiterada ausencia del Ministerio de la Seguridad Social, que está bloqueando la mesa de negociación que dificultará llegar a tiempo a la renovación de los ERTE», ha indicado CCOO. «La ausencia de este ministerio en la mesa de diálogo social supone una falta de respeto al propio proceso de diálogo social y a las personas que están con el ERTE», concluyó el sindicato liderado por Unai Sordo, cada vez más crítico con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.

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También se considerará que existe fuerza mayor en todos aquellos casos extraordinarios en los que se deba paralizar la actividad de la empresa como consecuencia del contagio de la plantilla o del aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria competente.

Los trabajadores afectados por el ERTE, cualquiera que sea su naturaleza, tendrán derecho a las prestaciones por desempleo. Este derecho se reconoce a todos los trabajadores, incluso a aquellos que no cumplan con el periodo mínimo de cotización (360 días en los últimos 6 años). Además, el periodo de percepción de la prestación no se imputará al total de las prestaciones de los derechos de desempleo.

Para el cálculo de las prestaciones correspondientes a cada trabajador, se tendrá en cuenta la remuneración percibida durante los últimos 180 días trabajados. Si el tiempo trabajado es inferior a esa cifra, se considerará el número de días trabajados antes de la suspensión del contrato.

No obstante, se anima a las empresas a implantar mecanismos de teletrabajo, siempre que sea posible por las características de cada puesto de trabajo. Para implantar esta medida se debe realizar una evaluación de riesgos tal y como establece el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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Es el procedimiento que han de llevar a cabo las empresas cuando, como consecuencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, tengan que suspender temporalmente la totalidad o parte de su actividad, con la consiguiente suspensión de contratos de trabajo o la reducción temporal de la jornada de las personas trabajadoras en dicha empresa.

Al tratarse de una medida temporal, la empresa no deberá abonar indemnización alguna a las personas trabajadoras afectadas, sin perjuicio del derecho de éstas a percibir las correspondientes prestaciones de desempleo.

La empresa enviará un correo electrónico a [email protected] indicando un teléfono de contacto, la dirección de los centros de trabajo y una relación de trabajadores por centro de trabajo. A partir de ese correo se le facilitará información sobre la forma de proceder.

No, no todas las empresas afectadas por un ERTE tienen derecho a la exoneración de tasas, la abundante normativa que se ha ido publicando a partir del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de marzo, ha ido regulando la motivación de las empresas según la evolución o situación de la pandemia (a través de diferentes tipos de ERTEs), bonificando en un primer momento a aquellas empresas cuya actividad fue suspendida o limitada por la pandemia, posteriormente en la transición o desescalada bonificando a aquellas empresas que fueron recuperando su actividad paulatinamente y con el Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre incentivando a aquellas empresas cuya por causa de reaparición de la pandemia su actividad ha sido limitada o suspendida.