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El 28 de enero de 2021, el Tribunal Constitucional español se pronunció a favor de la anulación de los preceptos más controvertidos del Decreto Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de la vivienda («DL 17/2019») (modificado posteriormente por el Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero, y convalidado después por acuerdo del Parlamento de Cataluña de 4 de marzo de 2020).

Compartimos con vosotros un boletín sobre la aprobación del DL 17/2019 cuando se promulgó (ver aquí). En este boletín analizamos lo que ha sido anulado por la sentencia del Tribunal Constitucional (la «Sentencia») y la regulación que sigue vigente.

Todas las disposiciones mencionadas en los apartados a) a d) anteriores han sido anuladas por la Sentencia. En consecuencia, se sigue considerando un incumplimiento de la función social y un ejemplo de su uso anómalo tener unidades residenciales desocupadas de forma permanente e injustificada, pero la definición vuelve a ser genérica y sin referencia específica a los edificios en fase final de construcción. Además, no se prevén consecuencias directas para este incumplimiento más allá de una infracción muy grave, pero aplicable sólo en la medida en que la Administración haya adoptado todas las medidas necesarias para facilitar la incorporación de estas unidades residenciales al mercado.

Ley arrendamientos urbanos cataluña 2021

El 22 de septiembre se cumple el primer aniversario de la aplicación de la «Ley de medidas urgentes de contención de la renta en los contratos de arrendamiento de vivienda». Esta ley regula los precios de los alquileres en 60 municipios de Cataluña, que han sido declarados como «Zonas con un mercado de la vivienda tenso».

Esta medida sigue dando mucho que hablar ya que el pasado0 de junio el Gobierno Central la recurrió alegando que vulnera las competencias estatales. Sin embargo, no ha solicitado su suspensión y seguirá en vigor hasta nuevo aviso. Diversas fuentes indican que la razón se encuentra en el borrador de la futura Ley de Vivienda que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pretende llevar a cabo próximamente.

El Consejo de Ministros tenía previsto debatir esta nueva propuesta el pasado mes de febrero. Sin embargo, después de 7 meses aún no se ha producido, aunque recientemente el Gobierno se ha comprometido a aprobar la Ley de Vivienda antes del 31 de diciembre.

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El 28 de enero de 2021, el Tribunal Constitucional español se pronunció a favor de la anulación de los preceptos más controvertidos del Decreto Ley de la Generalitat de Cataluña 17/2019, de 23 de diciembre, de la vivienda («DL 17/2019») (modificado posteriormente por el Decreto Ley 1/2020, de 21 de enero, y convalidado después por acuerdo del Parlamento de Cataluña de 4 de marzo de 2020).

Compartimos con vosotros un boletín sobre la aprobación del DL 17/2019 cuando se promulgó (ver aquí). En este boletín analizamos lo que ha sido anulado por la sentencia del Tribunal Constitucional (la «Sentencia») y la regulación que sigue vigente.

La tenencia de viviendas desocupadas de forma permanente e injustificada se consideraba un incumplimiento de la función social de la propiedad en Cataluña antes de la aprobación del DL 17/2019. Sin embargo, el DL 17/2019 nutrió de contenido esta referencia y añadió posibles consecuencias de este incumplimiento. En concreto:

Todas estas disposiciones a las que se refieren los apartados a) a d) anteriores han sido anuladas por la Sentencia. En consecuencia, se sigue considerando un incumplimiento de la función social y un ejemplo de su uso anómalo el tener unidades residenciales desocupadas de forma permanente e injustificada, pero la definición vuelve a ser genérica y sin referencia específica a edificios en fase final de construcción. Además, no se prevén consecuencias directas para este incumplimiento más allá de una infracción muy grave, pero aplicable sólo en la medida en que la Administración haya adoptado todas las medidas necesarias para facilitar la incorporación de estas unidades residenciales al mercado.

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Los controles de los alquileres no son nuevos en Europa: Alemania, Francia, Suecia e Irlanda los tienen y Londres está considerando su introducción. Incluso en Estados Unidos, los estados de Oregón, Nueva York, Nueva Jersey, Maryland y California, y ciudades como Washington DC, San Francisco, Los Ángeles y Detroit han introducido recientemente medidas para controlar lo que los propietarios pueden cobrar a sus inquilinos.

La política de introducir controles de alquiler en España se incluyó, a petición de Unidos Podemos, en el acuerdo de gobierno de coalición de diciembre de 2019. Según el documento del acuerdo divulgado a la prensa, el objetivo era evitar subidas abusivas, controlar los alquileres y garantizar rentas estables y seguras para los inquilinos.

En marzo de 2019 se aprobó la última modificación de la Ley de Arrendamientos, que incluía la creación de un índice de precios de referencia. Otra modificación permite a las regiones definir sus propios índices si así lo desean.

Desde entonces, Cataluña se ha convertido en la primera región en aplicar medidas de control del alquiler utilizando los precios de referencia. Sin embargo, el Consejo de Garantías Estatutarias del Parlamento de Cataluña advirtió que la nueva normativa sobre control de alquileres podría ser inconstitucional. Por ello, el Partido Popular presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.