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También se considerará que existe fuerza mayor en todos aquellos casos extraordinarios en los que se deba paralizar la actividad de la empresa como consecuencia del contagio de la plantilla o del aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria competente.

Los trabajadores afectados por el ERTE, cualquiera que sea su naturaleza, tendrán derecho a las prestaciones por desempleo. Este derecho se reconoce a todos los trabajadores, incluso a aquellos que no cumplan con el periodo mínimo de cotización (360 días en los últimos 6 años). Además, el periodo en el que se perciba la prestación no se acreditará a la totalidad de sus prestaciones por derecho a desempleo.

Para el cálculo de las prestaciones correspondientes a cada trabajador, se tendrá en cuenta la remuneración percibida durante los últimos 180 días trabajados. Si el tiempo trabajado es inferior a esa cifra, se considerará el número de días trabajados antes de la suspensión del contrato.

No obstante, se anima a las empresas a implantar mecanismos de teletrabajo, siempre que sea posible por las características de cada puesto de trabajo. Para implantar esta medida se debe realizar una evaluación de riesgos tal y como establece el artículo 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

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Aunque existen diferencias en el diseño institucional de los programas aplicados en la mayoría de las economías europeas, comparten ciertos rasgos comunes (véase el cuadro): se han agilizado los procedimientos y se han suavizado los requisitos de elegibilidad, el Estado cubre una fracción bastante elevada del salario que dejan de percibir los trabajadores afectados por una reducción total o parcial de su trabajo, y son relativamente duraderos (especialmente en Alemania y Francia).

A la hora de analizar el impacto de estos regímenes de permisos, hay que diferenciar entre el corto y el medio plazo. Sus efectos positivos a corto plazo están ampliamente documentados, ya que permiten a las empresas retener a su personal -ahorrando así costes de despido y de búsqueda de sustitutos cuando se reactiva la economía-, además de ofrecer a los trabajadores cierta seguridad. Además, permiten adaptar las ayudas a las reducciones de jornada y tienen un coste público menor que otras alternativas como los subsidios salariales o las prestaciones por desempleo.

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Ha mostrado “una elevada eficacia para facilitar la vuelta al empleo tras las medidas de bloqueo y restricciones a la actividad [económica] en el segundo trimestre del año”, según un informe interno del banco central recogido por los medios de comunicación españoles el miércoles (31 de marzo).

Un total de 899.939 personas se beneficiaron del plan de despido temporal del país sólo en febrero. En todo el año 2020, un total de 3,6 millones de trabajadores de 550.000 empresas, principalmente pequeñas y medianas empresas (PYMES), participaron en el plan.

El programa prevé que el Estado español pague a los trabajadores alrededor del 70% de su salario normal y prohíbe a las empresas el despido. En caso de fraude o despido, las empresas deben devolver las exenciones de las cotizaciones a la Seguridad Social y se arriesgan a fuertes sanciones. Los beneficiarios del ERTE se consideran oficialmente empleados, lo que significa que no se cuentan como desempleados.

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El Consejo de Ministros español aprobó el martes una prórroga del ERTE para las empresas afectadas por la crisis del coronavirus. El acuerdo, que amplía las condiciones de despido hasta el 31 de enero, se cerró tras 10 horas de negociaciones de última hora el lunes entre representantes de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, sindicatos y asociaciones empresariales.

Tras una reunión maratoniana el lunes, los ministerios de Trabajo y Seguridad Social llegaron a un acuerdo con los dos sindicatos más importantes de España, UGT y CCOO, para prorrogar el régimen de permisos. Había dudas sobre cómo recibiría el plan la Confederación Empresarial Española (CEOE), pero el comité ejecutivo de la CEOE aprobó por unanimidad el acuerdo el martes. La otra principal asociación empresarial española, Cepyme, también apoyó el acuerdo.

“El comité ejecutivo ha acordado, después de un gran debate, aceptar por unanimidad la última propuesta de prórroga del convenio del ERTE, tras unas intensas negociaciones que se han prolongado hasta la madrugada de hoy”, dijo la CEOE en un comunicado publicado el martes. “Este acuerdo garantiza la continuidad del mayor número de empresas y puestos de trabajo posibles en una crisis económica tan adversa y prolongada”, añade el comunicado.