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(a) la creación de un único procedimiento de insolvencia (concurso), que sustituye a los anticuados procedimientos múltiples del régimen anterior (en particular, la llamada quiebra y la suspensión de pagos); y

(b) la duración del procedimiento de insolvencia se ha reducido considerablemente. Por ejemplo, con el antiguo régimen algunos procedimientos podían durar varios años (es decir, una insolvencia podía durar de 1 a 3 años en algunos casos y de 3 a 5 o incluso más años en los casos más complejos). Con el nuevo régimen, la duración del procedimiento de insolvencia podría estimarse en una horquilla de 1 a 2 años, si se llega a un acuerdo con los acreedores, y de unos 2 años o un poco más en el caso de la liquidación.

La empresa debe presentar una solicitud de insolvencia en el plazo de dos meses a partir de la fecha en que tenga o deba tener conocimiento de su insolvencia actual. Si los administradores de la empresa no cumplen este requisito, pueden enfrentarse a una responsabilidad personal de hasta el importe total de los créditos (véase «Responsabilidad personal de los administradores» más adelante). En los casos de insolvencia inminente, este requisito no es obligatorio, pero es aconsejable hacerlo para evitar que un acreedor solicite la declaración de insolvencia, dado que en tal caso las consecuencias de la declaración de insolvencia son más restrictivas para la empresa insolvente.

Nuevos temores para la economía española después de que los costes de los préstamos alcancen un récord

1Estimación de los pagos del servicio de la deuda con todos los acreedores bilaterales oficiales según las definiciones y clasificaciones del Sistema de Notificación de Deudores (DRS) del Banco Mundial y las Estadísticas Internacionales de la Deuda. Las estimaciones se derivan de las proyecciones anuales del IDS basadas en la deuda externa pública y con garantía pública pendiente y desembolsada a finales de 2020.  No se dispone de datos para Sudán del Sur, Micronesia, Tuvalu, Kiribati y las Islas Marshall. Los datos del PIB se basan en los IDS. La base de datos completa de IDS está disponible aquí.2Refleja las calificaciones publicadas de DSA a finales de septiembre de 2021.3No cubierto por el Marco de Sostenibilidad de la Deuda para Países de Bajos Ingresos conjunto del Banco y el Fondo.4Países de la AID a partir del año fiscal 20, y Angola5Refleja si un país ha solicitado participación en 2020 y 2021.

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La diferencia entre ambos es que en el primer caso el deudor tiene activos suficientes para hacer frente a la deuda, debido a su falta o retraso en los pagos a una situación de falta de liquidez, mientras que en el segundo caso no es así y el deudor no tiene fondos o activos con los que pagar. Por eso se dice que la suspensión de pagos es una situación de insolvencia temporal y el concurso es definitivo.

Con el Concurso de Acreedores se trata de organizar la situación financiera de la concursada para conseguir que el mayor número de acreedores llegue a percibir la mayor cantidad posible de lo adeudado, además de prevalecer en los cobros los más desprotegidos (trabajadores) frente a los que hayan podido influir en la empresa hasta esa situación (directivos y personas vinculadas).

El 28 de septiembre de 2013, el Boletín Oficial del Estado publicó esta Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización (la «Ley de Emprendedores»). Su objetivo es llevar a cabo reformas favorables al crecimiento y a la actividad económica.

Además, se regula por primera vez en España la llamada «segunda oportunidad» o «fresh start», que se concreta en la posibilidad de que la persona física deudora pueda, en el marco de su concurso de acreedores, cancelar definitivamente las deudas que no hayan podido ser satisfechas con su patrimonio actual y sus bienes.

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El objetivo de la Estadística de Procedimientos Concursales (EPC) es proporcionar información trimestral sobre el número de deudores concursados, así como sobre el tipo de concurso (voluntario o necesario), sobre el tipo de procedimiento (ordinario o abreviado) y sobre la existencia de propuesta anticipada de convenio y de su contenido (quita, carencia, quita y carencia u otra propuesta). La información se obtiene a través de los boletines judiciales cumplimentados por los Juzgados de lo Mercantil, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción con competencia mercantil.